Comunicado de la sección sindical del SAT (PDI) en la Universidad de Sevilla con motivo de la publicación de los nuevos criterios de la ANECA
En el contexto actual de recortes y de desinversión en Investigación y Ciencia a todos los niveles, el “ANECAZO” viene a reventar las perspectivas de carrera académica y de promoción de gran parte de la plantilla de las universidades a la vez que consolida el control ideológico y político de la Universidad que estará más que nunca al servicio de intereses empresariales.
Desde el PDI del SAT en la Universidad de Sevilla rechazamos los nuevos criterios de la ANECA para la acreditación a Titular y Catedrátic@ de Universidad. El grave endurecimiento de estos requisitos expulsará de la carrera académica a muchas personas que, habiendo cumplido sobradamente con lo que se les exigía para progresar en su carrera de PDI, se han visto frenadas por el estrangulamiento de la Universidad Pública provocada por las asfixiantes tasas de reposición y careciendo, además, de medios para poder continuar sus investigaciones debido a los recortes presupuestarios. Es decir, el conocido ya como “anecazo” es un ERE encubierto que debilita aun más la Universidad Pública.
Esta nueva vuelta de tuerca no puede verse de manera aislada, sino en el conjunto de normas que el gobierno de Rajoy viene adoptando desde 2012 y que, evitando abordar una reforma mediante la elaboración de una ley orgánica, están dejando irreconocible a la Universidad Pública. Fueron primero las medidas “de ajuste” contenidas en el RDL 14/2012 que, no solo asfixian a la plantilla, sino que además aumentaron la docencia de gran parte del profesorado de 24 a 32 créditos, lo que ha supuesto la pérdida de miles de profesor@s en las universidades públicas; a esto se unió la rebaja en la cuantía destinada a becas para estudiantes universitari@s y el endurecimiento de los requisitos exigidos para optar a ellas, dificultando el acceso a la Universidad; sucesivamente se fueron produciendo serios recortes en las ayudas destinadas a investigación, bien porque las convocatorias han visto reducido su importe, bien porque han desaparecido durante algunos años; por último se abrió la posibilidad de diseñar grados de 3+2 años, multiplicando el precio de los estudios superiores para dificultar aun más el acceso a la Universidad y con la motivación, de nuevo, de recortar gasto en el Capítulo I (el de personal, aparece como medida 108 en este documento en el que las comunidades autónomas hacen propuestas “de ajuste”). Y este es el escenario actual: un profesorado experto, capacitado para sacar adelante buenos proyectos de investigación y docencia de calidad, que se ve superado por una docencia excesiva, grupos numerosos y un creciente papeleo; jóvenes investigadoras, preparadas como nunca, con cada vez menos medios para investigar y con la perspectiva única de irse fuera a rentabilizar, para otros estados, su excelente formación; y un estudiantado que difícilmente puede asumir el coste económico de repetir una asignatura.
A esto hay que traer lo anunciado por Rajoy en su investidura: la reforma del sistema de gobernanza de las Universidades, que supondrá la fusión de los Consejos de Gobierno y Social de las Universidades en un nuevo órgano que elegirá al Rector, que a su vez nombrará a directores de escuela y decanos (ver las propuestas de la comisión de expertos al principio del mandato anterior de Rajoy, páginas 40-47; ver también el programa de Ciudadanos, medidas 164-167). Es evidente la necesidad de poner al frente de las Universidades a Rector@s “externos” a l@s que no les tiemble el pulso a la hora de ejecutar los sucesivos recortes y gestionar la Universidad como si fuera una empresa, con los beneficios por delante de las personas.
Si fuéramos malpensados parecería todo diseñado para forzar que el servicio prestado por las universidades públicas, tanto docente como investigador, sea cada vez de peor calidad. Algo así como una profecía autocumplida: “la Universidad Pública no funciona”, y se hace todo lo posible para que sea así. Como si quisieran anular el derecho a una educación superior porque el sistema productivo no necesita tanto graduado superior; como si quisieran poner en bandeja de las Universidades Privadas la docencia de l@s afortunad@s que puedan costeársela o que caigan en la trampa de los préstamos para estudiar; como si quisieran enviar la investigación en el Estado español al vacío absoluto, a una vía muerta, pues los equipos de investigador@s del sistema público no tienen cabida en el privado.
Todos estos ataques, con el “anecazo” a la cabeza, vienen, además, a atacar especialmente a las áreas de conocimiento de Humanidades y Ciencias Sociales, con el objetivo de acabar con departamentos y centros enteros a corto/medio plazo.
A estas reformas del Gobierno Central se suman recortes por parte del Gobierno Andaluz y medidas del equipo de Gobierno de la US, como la propuesta de nuevo Plan Propio de Investigación y Transferencia que potencia a los grupos “excelentes” dejando en la estacada a los grupos emergentes y a grupos modestos.
Desde el PDI del SAT en la Universidad de Sevilla queremos denunciar la profunda reforma del sistema universitario que está realizando el gobierno de Rajoy, amparado ahora por Ciudadanos y con la aquiescencia del PSOE, a través de reales decretos y otras normas menores. Así evitan una reforma de una Ley Orgánica que afecta a derechos fundamentales y que podría levantar seria contestación social. Pero tienen un plan reaccionario de reforma para la Universidad, y lo están aplicando.
No podemos creer asimismo en la buena voluntad de quienes han diseñado los nuevos criterios de la Aneca. No es posible que no sepan que están elevando estratosféricamente el nivel de exigencia en investigación y docencia a la vez que se producen serios recortes en inversión en I+D y se imposibilita al profesorado la carrera investigadora por la saturación de docencia provocada por los recortes de personal. ¿Qué intención hay detrás de unos criterios docentes imposibles para quienes tienen más carga en investigación, y criterios investigadores imposibles para quienes tienen más carga docente? Cierto es que en algún momento habrá que modificar y actualizar los criterios diseñados hace años, pero así no. Así se pasa la guillotina sobre el cuello de miles de trabajadoras y trabajadores de la Universidad. Cualquier reforma deberá partir de la realidad actual en el marco de una carrera académica coherente. Habrá que partir de aumento en la inversión en Investigación y en la responsabilidad social de la gestión de fondos públicos; de un plan de choque en la contratación para absorber a miles de profesores e investigadoras que han visto truncadas sus opciones de promoción legítimamente adquiridas mediante el cumplimiento en sus puestos de trabajo. Recordemos que no hizo falta elevar los criterios de la ANECA sino el presupuesto en 2008 cuando la revista Nature hablaba de “Una nueva edad de plata para la Ciencia en España” (A new silver age? Nature 451, 1029 (2008) | doi:10.1038/4511029a).
Y sobre todo, así no se trata al personal docente e investigador que ha cumplido sobradamente con lo que hasta ayer se le exigía, a pesar de tener contratos precarios (PDI-Interin@, asociad@s, contratos temporales de investigación…) y apenas disponer de medios. Compañer@s que han visto en la acreditación a Profesor Titular la única vía de estabilización, una vez que las congelaciones de plazas de Contratad@ Doctor@ (por parte del Estado y de la Junta) cerraron la vía prevista en el Convenio Colectivo.
Ante esta nueva vuelta de tuerca de la Universidad pública, se impone la necesidad de coordinar una respuesta inmediata y contundente a todos los niveles directamente implicados (PDI laborales y funcionarios, administración y servicios, y otros sectores educativos) para frenar la paulatina degradación de nuestro derecho a la educación superior y a la investigación científica.
¡EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA!
¡NO A LOS NUEVOS CRITERIOS DE LA ANECA!
¡NO AL DETERIORO PROGRESIVO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO!