Categoría: Ciencia

Carlos Andradas en El País

Recientemente, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que en 2014 el presupuesto de I+D+i experimentará un aumento, por primera vez desde que comenzó la crisis. Se trata de una buena noticia, aunque habrá que esperar a ver cómo se concreta en cifras, de modo que no defraude las expectativas de la comunidad científica española, próxima ya a su nivel de saturación de declaraciones que no se corresponden con los hechos.

Para ello los incrementos deben ser significativos, aplicarse en los capítulos en los que se necesitan y ejecutarse íntegramente, no sea que nos encontremos con la paradoja de contar con un presupuesto aprobado mayor, pero con menos dinero disponible, como ya ha ocurrido en el pasado. Y es que, después de las duras peleas parlamentarias para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), estos parecen, a veces, papel mojado. Permítanme explicarme tomando como ejemplo el año 2012, el último ejercicio presupuestario cerrado, aunque lo que se describe no es un hecho particular ni aislado de ese año.

La cantidad aprobada en los PGE para I+D+i en 2012 en el Parlamento fue de 6.393,59 millones de euros (lo que supuso ya un 25% menos que en 2011). Pues bien, según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, el dinero finalmente consignado como presupuesto disponible para I+D+i fue de 5.049 millones, es decir, ¡1.340 millones menos de lo aprobado! ¿Estábamos los ciudadanos al corriente de esto? ¿Lo estuvieron / están los parlamentarios? Entonces, ¿para qué la pantomima de los 6.393 publicados en el BOE? ¿Para contar con una cifra suficientemente abultada con la que guardar las apariencias? De nada servirá incrementar la cifra inicial del presupuesto, si después el crédito final disponible (que en general ya pasa desapercibido o no es definitivo hasta muy avanzado el año) no se corresponde con esta cantidad.

Pero esto no es todo. Del presupuesto final consignado (esos 5.049 millones) solo se ejecutó el 54,7%. Es decir, prácticamente la mitad del presupuesto, ya de por sí extraordinariamente mermado, quedó sin utilizar y retornó a las arcas del Estado. Los 6.393 millones de partida que ya nos parecían insuficientes se han quedado reducidos a 2.764 sin una mínima explicación o sonrojo. Claro, es un negocio redondo para Hacienda. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Que tengamos poco y no lo utilicemos? ¿Ineficacia? En absoluto, todo perfectamente previsto. Para entenderlo necesitamos recordar que el presupuesto de I+D+i se divide en dos grandes grupos: las subvenciones (dinero que el Estado da a las instituciones) y los préstamos (dinero que el Estado presta a las instituciones receptoras, que después deben reintegrar en los plazos e intereses que se estipulen).

Los préstamos constituyen más de la mitad del presupuesto total de I+D+i y el dinero no gastado proviene esencialmente de ellos. Por ejemplo, de su parte en I+D+i, el ministerio ejecutó solo en torno a la tercera parte de su presupuesto final en ese capítulo. Esto viene sucediendo así año tras año, como hemos denunciado reiteradamente desde la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE). Es muy sencillo: las instituciones públicas no pueden acceder a estos préstamos y el número de empresas privadas que recurren a ellos es muy limitado. Todos los responsables políticos lo saben, pero sin embargo, este mismo año 2013 se ha aumentado sensiblemente la partida de préstamos mientras se reducía en más de un 13% la de subvenciones. ¿Con qué objetivo? Evidentemente, poner una cifra que maquille la realidad en cuanto a la inversión pública en I+D+i. Por eso, de nada servirá aumentar el presupuesto si no se pone allí donde hace falta y se utiliza, esto es, en forma de subvenciones para investigación, desarrollo e innovación.

Finalmente, el incremento debe ser significativo. Tras cinco años de descenso presupuestario continuado, la situación de la I+D+i española es tan crítica que el propio Gobierno ha tenido que aprobar partidas extraordinarias para que el CSIC, nuestro principal organismo de investigación, pueda llegar a final de año sin cerrar sus puertas y para que las actuaciones de 2013 previstas en el Plan Estatal de Investigación, aprobado por el Gobierno a comienzos de año, puedan ponerse en marcha. A título de ejemplo, recordemos que la última convocatoria de proyectos de investigación, de la que depende la mayoría de la investigación de todo el país, fue en diciembre de 2011, hace prácticamente dos años. Por consiguiente, no basta con consolidar en los presupuestos estas partidas extraordinarias: con ellas solo conseguiremos mantener el estado de latencia actual. No podemos conformarnos con eso. Hace falta un esfuerzo suplementario para recuperar la energía que el sistema científico español ha demostrado en los últimos años y para frenar el éxodo obligatorio al que muchos de nuestros científicos jóvenes y menos jóvenes se ven impelidos. Hace falta lanzar un mensaje nítido a los jóvenes de qué modelo de sociedad queremos. Y uno tiene la inevitable sensación de que, como dijo Tony Judt, “algo va mal” cuando un solo jugador de fútbol cuesta más que todo el plan estatal de formación de doctores.

La ciencia y la tecnología son la base de la economía del futuro de las naciones. Los ciudadanos así lo perciben cuando en una encuesta reciente han señalado al colectivo de científicos como el que les generaba una mayor confianza. Los investigadores somos gente entusiasta y deseosa de devolver a la sociedad esa confianza con nuestro trabajo y que este repercuta en el bienestar social. Como ya hemos dicho en varias ocasiones necesitamos regularidad en el sistema, certidumbre y predictibilidad. Y para ello el incremento presupuestario debe ser significativo, en forma de subvenciones y que se ejecute en su totalidad. Señor ministro, no nos defraude otra vez.

Carlos Andradas es presidente de la Confederación de Sociedades 
Científicas Españolas (COSCE), miembro del Colectivo Carta por la 
Ciencia.